Uno de los temas fundamentales en la dinámica de la sociedad durante el periodo de contingencia a causa de la pandemia por covid-19, es el referente a la educación.
Fuera de la pertinencia o no de la estrategia propuesta por la Secretaría de Educación Pública, en este momento las decisiones y acciones que este ente gubernamental pueda ejecutar, serán cruciales para un retorno verdaderamente seguro a la nueva normalidad escolar.
La nueva normalidad para las empresas comenzó el 1° de junio y con ello el establecimiento de Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria para este sector y posteriormente el diseño de protocolos internos de seguridad sanitaria, como medida indispensable para la operación.Hoy en día, aun cuando el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán señaló que en el mes de julio se tendría un documento regulatorio en materia y ya con el retorno de docentes y directivos en línea, al revisar los contenidos del taller intensivo de capacitación y la Guía del Consejo Técnico Escolar, se confirma que dichos planteamientos se diluyeron en el viento y claramente no representan una prioridad en la formación inmediata del personal y en la organización del ciclo escolar 2020-2021.
La matrícula total del Sistema Educativo Nacional, en el ciclo escolar 2019-2020, fue de 36.6 millones de alumnos, atendidos en 265,200 escuelas por 2.1 millones de profesores, su retorno a las aulas no solo es ineludible sino primordial para el logro de los aprendizajes de los alumnos.
Dicho retorno demanda medidas extraordinarias y NO NEGOCIABLES si la 4T quiere mostrar la congruencia que manifiestan tener:
3.La distribución de los materiales indispensables para el retorno seguro a las aulas, como son:
4.Recursos extraordinarios para la adquisición y reacondicionamiento de aulas y mobiliario en las escuelas que por sus características así lo demanden.
5.Recursos a las familias de los estudiantes que garanticen que tengan alimentación suficiente para desempeñar sus actividades de aprendizaje, en consideración de la pérdida de empleos por la crisis económica.
Finalmente y en el ejercicio del legítimo derecho de petición, una servidora, los docentes y personal de escuelas pertenecientes a Antorcha magisterial exhortamos enérgicamente a la Secretaría de Educación Pública a emprender la acciones y tomar decisiones necesarias para proteger la salud y por consiguiente, el interés superior de 36.6 millones niños, niñas y adolescentes que actualmente cursan educación básica, así como el ejercicio seguro de la función docente de 2.1 millones de profesionales que día con día forjan el futuro de este país.
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